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Los efectos del boom de la minería del litio en el norte de Chile: la crisis hídrica en los territorios donde históricamente se ha asentado el pueblo likanantay es cada vez más profunda. Los dirigentes han denunciado una “complacencia excesiva” del Estado con la industria minera y afirman que “las baterías de litio no son ecológicas, más bien que su huella ambiental está siendo ignorada”.

A 80 kilómetros de San Pedro de Atacama, en el nortino desierto de Chile, se encuentra el poblado de Machuca. Es un lugar rodeado de cerros que se ubica sobre los 4.000 metros de altura. Las condiciones de vida aquí son extremas: temperaturas bajo los – 6°C en la noche y por sobre los 30°C en el día. Durante el invierno, las cerca de 20 familias que habitan el sector se acostumbran a viajar en medio de la nieve y los fuertes y gélidos vientos. Es recurrente que los turistas visiten el lugar, en particular, porque acá se encuentra una de las iglesias más antiguas construida por agricultores y descendientes de los atacameños.

La agricultura y la ganadería son las actividades de subsistencia para la mayoría de las comunidades indígenas que habitan el lugar y los alrededores. Sin embargo, la sequía se ha agudizado durante las últimas décadas y se ha convertido en un fenómeno de constante amenaza para su estilo de vida ancestral. Una mujer de más de 60 años que trabaja vendiendo comida y distintos víveres en el pueblo de Machuca, camino a los géiser del Tatio, comenta con algo de melancolía: “Acá tenemos un caudal que viene de ese cerro (indica con su dedo índice el monte más próximo), pero con los años se ha reducido mucho”.

En efecto, la escasez hídrica se ha acentuado en los sectores aledaños a la comuna de San Pedro de Atacama, uno de los destinos predilectos de los extranjeros que llegan a Chile. Todo el sector del oasis mantiene una división tradicional por ayllus, que más que una división administrativa se trata de una manera de organizar la tierra y la producción agrícola.

En general, quienes residen en el centro del pueblo cuentan con el recurso vital suficiente para el consumo domiciliario, extraído principalmente de pozos profundos, es decir, de las napas subterráneas. Pero los habitantes que han permanecido en las divisiones tradicionales reconocen la disminución del caudal de los ríos San Pedro y Vilama que alimentan un sistema de riego de más de 11.000 años de historia.

En este paisaje, el abastecimiento con camiones aljibes es la regla para los hogares, escuelas y centros asistenciales en período de invierno boliviano, cuando durante el verano se generan precipitaciones de gran intensidad. En estos casos, se entregan bidones cada 15 días por hogar que son llevados desde Calama, a poco más de una hora de distancia. Pero el resto del año el mayor impacto lo han enfrentado los agricultores, quienes reciben agua cada 20 días o más dependiendo de la cantidad de nieve y las lluvias en la cordillera.

El litio y el negocio de las mineras

Según datos proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) la disminución del caudal del río San Pedro ha sido paulatino, pero progresivo: en la década de los 50 se registraba un flujo superficial por sobre los 1.200 litros/segundo; luego, entre los años 60 y 70, disminuyó a 880 l/s; en las siguientes dos décadas a 710 l/s; y, en la actualidad, se registra un caudal de 460 l/s en época estival.

El “estrés hídrico” que enfrenta el oasis de San Pedro de Atacama (a unos 1.700 kilómetros al norte de Santiago de Chile), sin embargo, no es un fenómeno casual. Si bien la zona se caracteriza por la reducida presencia de agua, son varios los factores externos que han acentuado el cada vez más acentuado déficit.

En primer lugar, la industria minera reconoce el salar de Atacama como un “sitio estratégico” para la extracción de cloruro de potasio, sulfato de potasio, ácido bórico, sales de magnesio y litio.

Este último es uno de los minerales más codiciados en la actualidad por las compañías por su alta versatilidad en diversas industrias y su potencial electroquímico, pero sobre todo porque Chile concentra el 54% de las reservas a nivel mundial.

Con la finalidad de sacar la mayor rentabilidad posible del mineral, independiente de sus consecuencias socioambientales, la política ha sido, hasta el momento, incentivar la inversión extranjera y ampliar todo lo posible las faenas de extracción.

Así, hoy monopolizan el proceso de extracción y producción dos empresas: la Sociedad Química y Minera de Chile y Rockwood Lithium, filial de la estadunidense Abemarle. La primera compañía es controlada por el ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y produce carbonato de litio en su planta Salar del Carmen, en el salar de Atacama. No solo eso, sino que SQM se ha visto afectada por una seguidilla de escándalos en el último tiempo por los dineros que entregó, de manera ilegal, a un amplio abanico de representantes de diversos partidos políticos chilenos.

Como sea, a la hora de analizar este “boom del litio” aparecen los saldos negativos para la biodiversidad de la zona. Desde 1997, fecha en que comenzó la producción del carbonato de litio, SQM Salar ha solicitado sistemáticamente a la institucionalidad ambiental aumentar su tonelaje de extracción. Pero todo esto ha conllevado el incremento del bombeo de agua dulce desde el borde del salar, aproximadamente de 2.100 l/s para concretar la totalidad de sus procesos. Uno de los principales problemas es que la empresa requiere drenar tanto el agua superficial como subterránea del salar para rellenar las pozas de evaporación.

En el caso de SQM, las piscinas de evaporación se encuentran a poca distancia de la Reserva Nacional Los Flamencos. Dicha situación ha sido duramente cuestionada por diversos sectores ambientalistas, los que invocan la Convención de Protección de los Humedales o de Ramsar, suscrita por Chile en noviembre de 1981, y que establece ciertas zonas de conservación, como el Salar de Tara, el sistema hidrológico Soncor y el Salar de Pujsa, todos bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En consecuencia, la extracción minera ha alterado formas de vida únicas en la zona, como el apareamiento de las tres especies de flamencos presentes en territorio nacional (andino, de James y chileno) y, con ello, su sobrevivencia que depende exclusivamente del agua de las lagunas y salares por las algas y microbalitos que ahí coexisten.

En este sentido, algunos informes que se conocieron a partir de la fiscalización que inició la institucionalidad ambiental a las faenas mineras ya develaron daños irreparables: en 2013 se registró una afectación al estado de vitalidad de lo algarrobos de la comunidad de Camar, especie arbórea que se ha adaptado a condiciones áridas y, luego, en 2014 y 2015, se reconocieron deficiencias en el Plan de Contingencia presentado por la empresa SQM Salar y en varios puntos asociados. Por lo mismo, esta firma fue sancionada en 2016 por la Superintendencia de Medioambiente (SMA), ante infracciones que se calificaron desde leves hasta gravísimas, entre ellas, la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre 2013 y 2015.

A este panorama se sumaría un nuevo actor que busca competir en el mercado del litio: la inminente entrada de la compañía canadiense Wealth Minerals. En 2016, la trasnacional manifestó sus intenciones de adquirir el 100% de las concesiones mineras libre de royalty del proyecto Laguna Verde, en un área total de 2.438 hectáreas. Luego se constató un reporte técnico realizado en marzo de 2017 por expertos que visitaron el salar un mes antes para “sondear” los factores involucrados. Finalmente, en agosto pasado, la empresa firmó un primer acuerdo para adquirir el 24,5% del proyecto Siete Salares, que incluye el salar La Isla, el cual es considerado como el segundo depósito de litio más grande de Chile.

Reforma al Código de Aguas

La escasez hídrica y la posesión de los derechos de aguas por parte de las mineras es una situación que las comunidades y organizaciones ambientales buscan, en parte, regular con la reforma al Código de Aguas, proyecto legislativo que hoy se discute en el Senado.

La abogada Carolina Sagredo, quien ha trabajado junto a las organizaciones atacameñas, explicó que en 1993, cuando se creó la Ley Indígena, las comunidades atacameñas resistieron las presiones y se constituyeron en asociaciones de canalistas, regantes y de agricultores con el fin de mantener la propiedad comunitaria de las aguas. Pero los derechos de aprovechamiento de aguas quedaron amarrados paras las compañías en el Código de Aguas, cuerpo legal creado en 1981.

Los cuestionamientos a esta norma fueron explicitados en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, entregado en octubre de 2003. En ese documento se reparó en un punto esencial: “El nuevo Código, al separar el derecho de agua del derecho de la tierra, posibilita que particulares ajenos a las comunidades obtengan derechos y aprovechamiento sobre las aguas ubicadas en las comunidades indígenas y que históricamente les han pertenecido”.

La profesional explicó que la nueva modificación reconoce la integralidad entre la tierra y el agua pero no establece un mecanismo para concretar este reconocimiento, definido en el artículo 5 del Código. Además, tampoco se ha aclarado cómo esto se cruzaría con el artículo 64 de la Ley Indígena, la única norma que reconoce los usos ancestrales de las comunidades aimaras y atacameñas.

Ante esto, la invariable posición de las asociaciones indígenas es que la totalidad de la Reforma debe ser sometida a una Consulta Indígena, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT frente a cualquier medida que involucre la afectación de sus derechos.

Resistencia ante el modelo extractivo

La lucha de las comunidades Likanantay y de las organizaciones ambientales es clara: dar la batalla contra un modelo extractivista y pelear por la defensa de su territorio ancestral.

“Para obtener más agua han hecho cualquier cosa. Les han ofrecido incentivos económicos a las comunidades, financian actividades del municipio, regalan materiales de construcción a los vecinos”, comenta Christián Espíndola, activista de la comunidad de Toconao.

En septiembre de 2016, la Agrupación por la Defensa de este salar presentó una denuncia contra minera Escondida, filial de la multinacional BHP Billiton, ante la Superintendencia de Medioambiente de Antofagasta calificando la faena minera en el salar Punta Negra como un “ecocidio”.

Karen Luza, integrante de la Asociación de Regantes, también profundiza sobre esos ´intercambios´: “Hubo una transacción de agua de más de 400 l/s y se proyecta un traspaso de otros 300 l/s a cambio de incentivos económicos. Por ejemplo, este año se entregaron 168 millones de pesos a 18 comunidades”, detalló. E insiste que a la industria minera se suma la hotelería de lujo que “desperdicia agua en piscinas sin ninguna regulación”.